El alcalde de la capital del Estado de México fue asesinado a menos de una semana de asumir su cargo

El alcalde de la capital de un estado en el sur de México fue asesinado apenas una semana después de asumir el cargo, dijeron funcionarios el domingo.

Alejandro Arcos juró el lunes pasado como alcalde de Chilpancingo, una ciudad tan violenta que en 2023 un cártel de la droga organizó protestas abiertas, secuestró un vehículo blindado del gobierno y tomó como rehenes a policías para liberar a los sospechosos arrestados.

Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero, donde se encuentra Acapulco.

La Fiscalía General del estado confirmó el domingo el asesinato de Arcos en un comunicado, pero no proporcionó detalles.

Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), deploró el asesinato de Arcos y dijo que el recién nombrado secretario del ayuntamiento también fue asesinado hace tres días.

“Llevan menos de una semana en el cargo”, escribió Moreno en sus cuentas de redes sociales. “Eran trabajadores jóvenes y honestos que buscaban mejorar su comunidad”.

Chilpancingo ha sido durante mucho tiempo escenario de una sangrienta guerra entre dos bandas de narcotraficantes, los Ardillos y los Tlacos. El conflicto provocó decenas de asesinatos espantosos y algunos escándalos de alto perfil.

El exalcalde fue captado en video aparentemente reuniéndose con líderes de una de las pandillas en un restaurante. Posteriormente fue expulsado de su partido.

En julio de 2023, las autoridades federales dijeron que una manifestación de cientos de personas en Chilpancingo ese mes fue organizada por el grupo Ardillos para liberar a dos líderes del grupo arrestados por posesión de drogas y armas.

Los manifestantes bloquearon todo el tráfico en la carretera entre Ciudad de México y Acapulco durante dos días, se enfrentaron con las fuerzas de seguridad y se apoderaron de un vehículo policial blindado, que utilizaron para abrir las puertas del edificio legislativo estatal.

Los manifestantes secuestraron a 10 policías y agentes de la Guardia Nacional, así como a tres funcionarios estatales y federales, y los mantuvieron como rehenes para cumplir con sus demandas antes de liberarlos.

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