Un intento de frenar la reforma judicial fracasó luego de que la Corte Suprema de México rechazara las acciones

La Suprema Corte de Justicia de México rechazó el martes los intentos de bloquear la reforma judicial después de obtener el voto necesario de los ministros para declararla inconstitucional.

Sólo siete de los 11 ministros del Tribunal Supremo apoyaron el proyecto de resolución, que habría invalidado parte de la reforma y suspendido la elección de jueces por voto popular.

En un comunicado, el Tribunal señaló que aunque la mayoría de los siete ministros se pronunció a favor de la admisibilidad de las acciones antirreformas, “no hubo una votación correspondiente de ocho votos para invalidar las distintas directivas contenidas en el proyecto de resolución”. del Tribunal Supremo Constitucional definió los conceptos rechazados del inválido”.

El Tribunal Supremo explicó que la decisión “no significa que se haya hecho ninguna declaración sobre la corrección de la enmienda”.

Los partidos de oposición “Operación Nacional”, “Institucional-revolucionario, movimiento cívico y unión democrática de Coahuila” y los representantes al congreso del central estado de Zacatecas, quienes exigieron la cancelación de esta iniciativa, solicitaron ante la justicia una reforma judicial.

El gobierno y el Congreso ahora tienen un camino claro hacia una reforma que reformará el poder judicial sin precedentes en la historia reciente de México. Antes de su implementación, la iniciativa provocó una crisis debido a protestas y huelgas de miles de jueces y empleados judiciales.

Mientras continuaba la sesión, miles de jueces, funcionarios judiciales, abogados y estudiantes se reunieron frente al edificio de la Corte Suprema en el centro de la capital mexicana. En medio de banderas mexicanas y cánticos de “el poder judicial en pie, en pie”, los manifestantes exigieron la derogación de las reformas que, según dicen, amenazan la independencia de los poderes del Estado y la democracia, rechazadas por Sheinbaum.

“Estamos luchando por defender el poder judicial federal, pero sobre todo la constitucionalidad”, afirmó el juez Getsemaní Hernández, quien reconoció que si no se frenan las reformas “se perderá la separación de poderes, se perderá la democracia”.

Hernández rechazó uno de los argumentos esgrimidos por Sheinbaum y congresistas oficialistas, de que la reforma total del sistema judicial fue apoyada en las últimas elecciones presidenciales de junio, e indicó que “la gente no sabe de las reformas, no sabe “. “Se aprovechan de la ignorancia de la gente”, añadió.

Vestido con una toga negra y sosteniendo una bandera mexicana, entre la multitud estaba René Hernández, un estudiante de derecho de 31 años que califica la audiencia judicial como “histórica para el país” y anunció su participación en la protesta, afirmando que “nosotros Estamos defendiendo la democracia.” Protegeremos nuestra soberanía y protegeremos nuestros ideales.”

Las ambiciosas reformas fueron impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien peleó durante años con la Corte y algunos jueces que apoyaron algunas de sus reformas, y desde entonces el gobierno cuenta con el apoyo inquebrantable de su sucesora, Claudia Sheinbaum. Comenzó a trabajar el mes pasado.

En el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara se propone dejar sin efecto la destitución masiva de jueces y magistrados antes de su renovación, que se implementará mediante votación general en junio de 2025 y 2027. Este es uno de los puntos importantes. reformas aprobadas por el Congreso con la mayoría de los partidarios del gobierno a mediados de septiembre.

La propuesta consiste únicamente en elegir a los ministros del Tribunal Supremo y a los miembros del Tribunal Disciplinario y del Colegio Supremo del Tribunal Electoral mediante voto popular, medidas de austeridad, eliminar la confianza del poder judicial y establecer un órgano de gestión.

En su batalla con el Tribunal, Scheinbaum afirmó el lunes que no estaba dispuesto a negociar “lo que el pueblo ha decidido y ya forma parte de la Constitución”, argumentando que los ministros “no pueden estar por encima de la voz del pueblo”. El presidente anunció que ya tiene un “plan” en caso de que se invalide parte de la enmienda, pero no dio detalles.

Mientras tanto, la mayoría gobernante en el Congreso aprobó enmiendas la semana pasada para proteger los cambios de la Carta Magna y evitar que se estanquen en los tribunales.

La reunión de la Corte Suprema se produce menos de una semana después de que ocho ministros, incluida su presidenta Norma Pina, presentaran sus renuncias en el Senado. Este entrará en vigor en agosto de 2025 tras la elección de nuevos miembros de este organismo.

Los ministros decidieron implementar la enmienda según la cual los jueces que no participarán en las elecciones de mediados del próximo año deberán dimitir para no perder sus privilegios laborales.

Esta decisión no fue apoyada por sus colegas Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Ortiz, quienes permanecerán en sus cargos.

Esquivel, Ortiz y Batres, cercanos al gobierno, anunciaron hace unas semanas que participarán en las elecciones judiciales.

La reforma judicial ha sido criticada por expertos y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, quienes han argumentado que los cambios amenazan la independencia judicial y socavan el sistema de controles y equilibrios ejecutivos de México.

Los críticos de la reforma argumentan que al elegir jueces por voto popular, los tribunales se llenarán de personas asociadas al partido gobernante y con poca experiencia, abriendo el camino para que políticos y criminales influyan en las decisiones judiciales.

Pero López Obrador y Sheinbaum defendieron la reforma, garantizando que ayudaría a limpiar el sistema judicial de corrupción y fortalecer la “verdadera democracia” en México al permitir que el pueblo elija a sus propios funcionarios públicos.

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